Osabideak ha remitido un informe a Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, y Fionnuala Ní Aoláin, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.El objetivo de dicho informe es que dichos relatores de la ONU «valoren y se pronuncien, mediante una carta de alegaciones dirigida al Estado Español, sobre las vulneraciones de derechos que en nuestro informe detectamos, en particular del derecho a la salud, a la integridad y al principio de equivalencia sanitaria de las personas privadas de libertad condenadas por la Audiencia Nacional, como consecuencia de la aplicación generalizada y prolongada de medidas de excepcionalidad, de la vigencia de la Instrucción Penitenciaria 3/2017 y de la falta de independencia profesional de los médicos penitenciarios y de los forenses de la Audiencia Nacional».
Entre estas «medidas de excepcionalidad» ha señalado la política de alejamiento de los presos, que «afecta directamente al principio de equivalencia sanitaria y dificulta la accesibilidad a los datos sanitarios y, con ello, un control externo independiente». Asimismo, en referencia la primer grado, recuerda que «el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas consideró que podría concebirse como trato prohibido». En esa línea apunta que «existe evidencia científica inequívoca ampliamente demostrada del impacto en la salud física y mental que provoca el aislamiento prolongado».
Del mismo modo, critica que «la dependencia jerárquica y administrativa con Instituciones Penitenciarias de los médicos penitenciarios y la ubicación de los médicos forenses en la Audiencia Nacional, entorpece la independencia profesional del personal médico». Esto, según el informe de Osabideak, «conduce a informes sobre presos enfermos excesivamente escuetos y de baja calidad».
La vigencia de la Instrucción Penitenciaria 3/2017, elaborada por Instituciones Penitenciarias,«interfiere en aspectos esenciales del derecho a la salud y a la dignidad personal de las personas privadas de libertad, utilizando criterios e indicadores que no respetan los estándares médicos y humanitarios previstos en la legislación interna e internacional», añaden.
Ante ello, solicitan a los relatores de la ONU que pidan al Estado español la derogación de la Instrucción Penitenciaria 3/2017, «la aplicación no discriminatoria de las normas establecidas para el tratamiento y la excarcelación de las personas privadas de libertad con graves enfermedades» y la derogación de «las medidas de excepcionalidad a las que se somete a las personas privadas de libertad por condenas de la Audiencia Nacional»
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