artículo tomado de Ultimo Cero,diario digital de Valladolid http://ultimocero.com/opinion/2018/03/21/la-salud-robada-cuatro-muros-notas-la-asistencia-sanitaria-las-prisiones/
Ante
las I Jornadas Salud y
Solidaridad que tendrán lugar los próximos días 22 y 23 de Marzo en
Valladolid, cabe preguntarse en primer término cuál es el conocimiento que se
tiene y la percepción actual de nuestra
sociedad respecto de las personas presas en nuestras cárceles y en particular
sobre sus condiciones de salud y la asistencia sanitaria tras las rejas El abogado madrileño Pepe Galán, expresaba así
su inquietud en la reciente presentación
del documental de la COPEL organizada por CNT Valladolid:
“los muros de las prisiones no son tan altos
para evitar que los presos se escapen sino para que no podamos ver lo
que hay dentro.”
Es una inquietud que compartimos, cuando además y desde hace unos años se está levantado otro muro,
esta vez mediático y con intenciones claramente punitivas. Un muro
que construyen cada día
las tertulias de los medios en base a medias verdades o informaciones
sesgadas, como ocurre con la manipulación informativa en torno a la nueva
cárcel de Málaga y lo que es mucho más grave: la utilización política del dolor y la indignación causada por el
crimen del niño almeriense, tratando de
elevar esos hechos trágicos a una causa general en favor de la cadena perpetua.
Un muro que nos confunde y
nos trata de alejar de los datos de
la criminalidad real en nuestro país, de sus causas y de las alternativas que
puedan ser útiles para el conjunto de la sociedad y cumplir en algún modo los
supuestos objetivos de reinserción que le atribuye a la cárcel la Constitución .
Muro que ha facilitado sin embargo los sucesivos endurecimientos del
Código Penal que vienen castigando la pobreza y la exclusión social, pero en ningún caso evitan la reiteración de esos
crímenes de los que se hace tanta
manipulación mediática. Un claro ejemplo
de esto ocurre en EEUU, espejo en que se miran muchos de nuestros
tertulianos y neo- legisladores. Baste recordar que la gran movilización que
suscitó el caso Lindbergh en los años 30 sólo sirvió para sofocar el
sentimiento abolicionista que existía contra la pena de muerte y afianzar ésta en más Estados de la Unión,
reforzándola con leyes especiales De
entonces a la actualidad, con la cadena
perpetua y la pena de muerte vigentes , EEUU, es
el país del mundo con mayores
tasas de criminalidad y muertes violentas , exceptuando los países en guerra
Tras los muros de las prisiones españolas:
Se oculta deliberadamente
que nuestra tasa por homicidios
es solamente del 0.7% frente
al 4,1% promedio de la OCDE, y la de reclusión
por delitos contra las personas apenas
supera el 16% frente al 76 % de los delitos que lo son contra la propiedad
y el patrimonio, y que en un 80% de éstos ,se trata pequeños delitos contra la Salud Pública por
el consumo o el llamado trapicheo de drogas, o de los cometidos
con el fin de obtenerlas o bajo su influencia ,en su mayoría hurtos, robos
de coches o pequeños robos en comercios y/o domicilios Otros datos concluyentes demuestran la certeza de que nuestro
Código Penal lo que castiga con
más severidad es la pobreza y la exclusión social:
Según los datos que recoge la RESCOP (Red de Organizaciones Sociales
del Entorno Penitenciario) antes de su ingreso en prisión, casi la mitad de los
reclusos estaban en desempleo y/o integrados en la economía sumergida, más de
la mitad tenían antecedentes de abuso de drogas o dependencia de ellas, un 13%
procedían de Centros de Menores y uno de
cada cuatro reclusos tenían problemas de Salud Mental previos a su reclusión
penitenciaria
“Las que acaban en prisión son las personas más pobres, más vulnerables,
procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias.
Suelen ser chicos jóvenes, que comienzan en el consumo de drogas de una manera
desordenada, con poco cuidado para su salud, y al meterse en esa espiral de
drogodependencia acaban cometiendo muchos delitos de poca entidad, pero que se
les van sumando, y acaban en prisión cumpliendo condenas de 15 o 20 años por
haberse pasado unos años robando radios de los coches y cosas por el estilo”
Existe una interrelación más que evidente entre pobreza, exclusión social, drogas,
locura y prisión :
-Un13% de los reclusos procede de los
Centro de Menores
Un 80% de los reclusos consumían
sustancias estupefacientes antes del ingreso
Un 25% se inyectaban estas sustancias
antes de entrar en prisión
Un 32,4% proceden del paro y Un 35% de la
economía sumergida
-2 de cada 3 reclusos vuelven a delinquir
-El 80% de los que ingresan en torno a los 20
años vuelve a prisión al menos 4 veces más y por las mismas causas
La doble
discriminación de las mujeres presas
Respecto
de las mujeres presas hay algunos
datos específicos muy relevantes:
-En 3 de cada 4 mujeres que
ingresan en prisión la causa principal es la búsqueda de una solución inmediata
a situaciones de precariedad en su
entorno familiar y social
-
La tasa de mujeres en prisión es la más alta de Europa, 2 puntos por
encima del promedio (7,6% frente a 5%)
-El 50% de las reclusas lo está por delitos a
pequeña escala contra la salud pública (tráfico de drogas)
- los casos de condenas por delitos contra las personas (homicidios, lesiones, violencia de genero) se
circunscriben al ámbito familiar y en un porcentaje superior al 80% han sufrido
malos tratos previos de sus parejas
Pequeños delitos, largas penas y creciente
déficit democrático
Es bien llamativo que existan
largas penas de prisión por pequeños delitos continuados y situaciones en la
que la propia cárcel se convierte en el motivo de dichos alargamientos de
condena
Y en contra de lo que se suele transmitir por
los medios, España es el tercer país con tasa más altas de Seguridad, sólo
superado por Suiza y Luxemburgo
Por otra parte y aunque el Código Penal en España sea ya de los más duros del continente, los Tribunales Supremo y Constitucional han comenzado a
admitir en sus sentencias determinados supuestos y doctrina
jurisprudencial de lo que se conoce como
Código Penal del Enemigo, es decir que se enjuicia a las personas más allá de
los hechos delictivos .Las recientes sentencias por opiniones expresadas de
forma pública o en las redes sociales lo ponen de manifiesto. En palabras del
catedrático de Derecho Constitucional Perez Royo en nuestro país se está
transitando del Estado Social al Estado Punitivo.
España hoy por hoy, ya contiene en su
legislación actual la llamada prisión permanente revisable, la cadena perpetua, para entendernos, y
más dura que ninguna otra en Europa (*) pero ,apoyándose en el tratamiento morboso, ya citado , de algunos crímenes execrables, el Gobierno pretende
aumentar más aún si cabe el rigor punitivo para todas las personas presas
Una asistencia sanitaria doblemente
precaria e insuficiente
Este es un país en el que, paradójicamente,
está reconocido el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en
forma equiparable a las personas que
gozan de libertad. Desde su aprobación
por la ley 16/2013 de Cohesión y Calidad del SNS la transferencia de los servicios médicos
penitenciarios a las Comunidades
Autónomas está pendiente de cumplirse(el plazo de 18 meses expiró en diciembre
de 2004 ) de tal modo que los
sanitarios de las prisiones siguen siendo funcionarios del Ministerio de
Interior y por tanto están sujetos a su disciplina jerárquica, y no a los
Servicios Nacionales de Salud, salvo en
la Comunidades Autónomas Vasca y Catalana
donde se han dado algunos ligeros
pero significativos avances, fruto de dicha
transferencia de competencias :
(“los
médicos en la cárcel también se sienten prisioneros, afirma
Sandra Melgarejo en Revista Médica nª228
. http://www.rmedica.es/edicion/228/los-medicos-de-las-carceles-tambien-se-sienten-prisioneros) )
En este contexto general y con la asistencia sanitaria pública en regresión, afectando cada vez más a una gran mayoría de la población como somos las clases trabajadoras, serán las y los
loc@s y pres@s , que ya padecían
desde años atrás un grave déficit en sus prestaciones , quienes están viendo más mermada aún si cabe la
atención sanitaria que reciben y es a ellos a quienes afectan más los intensos
recortes que aplican el actual
Gobierno y las demás instituciones públicas.
Poe ejemplo La plantilla
médica para las prisiones de Castilla y León es de 52 médic@s, pero hay 16
vacantes ,un tercio, que no se cubren y lo mismo sucede con las situaciones
de baja laboral por diversos motivos .Además la asistencia que
se da en los módulos hospitalarios de seguridad para la atención especializada
es deficiente, con escaso respeto a la
dignidad de los reclusos y con gran
frecuencia los problemas de seguridad de los traslados y otros dependientes de
la Institución hacen que se pierdan las citas previamente establecidas de
manera habitual, con el consiguiente perjuicio para los reclusos enfermos
La exigua partida que se dedica
al tratamiento de la Hepatitis C entre la población reclusa así como la
pretensión de gravar económicamente los sufrimientos psíquicos de los afectados en
su salud mental, y los ahorros de sus
familias ,mediante la privatización de los
servicios de Salud Mental, son ejemplos muy ilustrativos de lo que
decimos.; ni siquiera nos consta que la
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y sus Plataformas se ocupen de
estos problemas, al margen de sus menciones sobre prevalencia de las
enfermedades infecciosas en este sector y su capacidad de contagio fuera del
gueto de las cárceles .Lo mismo sucede
con los Partidos políticos y
los sindicatos institucionales, pues
pocos votos les darían hacerse eco de ello, suponemos.
En base a los datos
contenidos en el informe de la APDHA (Asociación
para la Defensa de los Derechos Humanos de Andalucía) adscrita a la CPDT (Coordinadora
contra la Tortura) “La salud robada
entre cuatro muros” podemos afirmar que hay al menos un 22%
de personas presas afectadas por el virus de la Hepatitis C (unas 14.000) y de
ellas, casi la mitad está asimismo infectada
por el virus VIH . Resulta muy difícil
establecer cuantos han recibido o reciben ahora mismo tratamiento. IIPP
reconoce que hay al menos 1200 que no lo reciben aún, una cifra poco
creíble En el caso de Castilla y León, los
datos de la Plafhc de Salamanca hablaban de un raquítico 1% de casos tratados a
mediados del 2016
Salud Mental y prisión: un tándem incompatible
Los
altísimos índices de suicidio en estos colectivos, 10 veces superiores a los
del resto de la población, son por lo general silenciados (han sido 126 los casos de suicidio
en los últimos 4 años, lo que supone convertirse en la tercera causa de muerte
dentro de la cárcel, tras los infartos y las causadas por drogodependencias)
De otra
parte al menos un 40% de la población reclusa sufre trastornos
mentales,( graves en un 8% de los casos) y más de la mitad de ellos son
derivados del consumo de sustancias psicotrópicas, confundiéndose en muchas
ocasiones causas y consecuencias de estos trastornos ,ya que la propia
cárcel genera las condiciones para que
los problemas de salud mental aumenten de forma constante Desde ámbitos cercanos a la Sanidad
Penitenciaria se reconoce por ejemplo ,que
la hiper-medicación a partir de ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos sustituye a la carencia de servicios sanitarios sobre todo los fines de
semana, pues como sucede en las áreas de Atención Primaria no se sustituyen las
bajas ,dándose casos como los de Ocaña(15 dias sin médico de guardia) o Daroca que se atiende algunos fines de semana desde Zuera, que está a
300Km) En Castilla y León ,se da el agravante citado de las vacantes no
cubiertas de un tercio de la plantilla .Problema añadido son las edades próximas a jubilación de los
profesionales (un 67% es mayor de 50 años y un 30% supera los 60 años en el
conjunto del Estado). Plantilla insuficiente, inexperta en temas de Salud
Mental , y como hemos dicho varias
veces, sometida a la disciplina de los Jefes de Servicio en cada cárcel:
Presos enfermos y enfermos
presos
En cuanto a los delitos inimputables
a personas con trastornos mentales cabe decir que de los 492 pacientes en esta situación 365 están ingresados en
alguno de los 2 Hospitales Psiquiátricos
Penitenciarios existentes (Foncalent y Sevilla) mientras que ¡¡¡ 127
inimputables lo están en cárceles ordinarias!!!
En resumen y
sobre la deplorable asistencia sanitaria
que se recibe en las prisiones los datos y estudios aportados nos permite afirmar
que en el tema de los y las presas, y no solo por la cuestión de las
transferencias, se incumple el principio según el cual la atención que se les
debe dispensar será en igualdad de condiciones al del conjunto de la
población
El colectivo Solidarios de la Sanidad, todavía somos un
pequeño grupo de voces discordantes de ese discurso general, pero nos parece
muy importante que estos problemas se
conozcan y se
pueda tomar partido sobre ellos:
De todo lo anterior se tratará en las I Jornadas Salud y
Solidaridad de los próximos días y sería deseable que asistan el mayor número
de personas sensible tanto a las causas sociales de los problemas como a la
necesaria participación social para
encauzar alternativas. Por último decir que los presos en lucha de diversa
cárceles en nuestro país han lanzado una campaña para hacer visible su situación y mostrar las
sus reivindicaciones. Sintetizadas en 12 exigencias no hacen otra cosa que
reclamar del Estado que cumpla sus propias leyes y normas en lo que toca a los
derechos de las personas presas y a su dignidad
En palabras
de Berthold Brecht ,” Que tiempos serán los que vivimos que hay
que defender lo obvio”
Les espero en el centro cívico
Esgueva, los días 22 y 23 de Marzo a partir de las 19.45
Gonzalo
tejerina (Guaje)
(*) Cuando
se menciona la existencia de la prisión permanente revisable en varios países
de Europa se omite que en Suecia la revisión de estos casos es a los 10 años de
cumplimiento, en Reino Unido a los 12 y en Alemania a los 15, en tanto que la
revisión dentro de las penas permanentes vigentes en España, solo puede
plantearse en el periodo entre los 25 y 35 años de condena efectiva
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