8 feb 2020

EL CUARTO OSCURO

        el artículo de David Fernandez deja claras las evidencias sobre tortura y malos tratos en las cárceles de Catalunya denunciadas en su día por Iñaki Rivera y que fueron explicitadas por el Comité de Prevención de la Tortura europeo -CPT-en su visita sorpresa a éstas en las fechas del 6 al 13 de septiembre del 2018.Ahora,con la pelota en su tejado les corresponde a las Instituciones penitenciarias de Catalunya acabar con dichas practicas aberrantes y la impunidad con que se producen,dando marcha atrás en su amparo a quienes pretendían "matar al mensajero" y amedrentar al valiente director del SIRECOVI,que destapó lo que ahora sale a la luz avalado por el CPT- Comité para la Prevención de la Tortura -la máxima autoridad europea supervisora de los derechos de las personas bajo custodia del Estado-LAS Y LOS PRESOS.
Tambien se pone de manifiesto que no basta con luchar por las transferencias a las Autonomías en materia sanitaria -y es imprescindible hacerlo- para resolver los graves deficits de la atención sanitaria( actualmente in-sanidad) en las prisiones.LAS PRISIONES EN SÍ MISMAS-no sólo las muestras de sadismo de sus carceleros,sanitarios incluidos- SON EL PROBLEMA JUNTO AL RESTO DEL SISTEMA PUNITIVO.
Sólo la prespectiva de su su erradicación puede alumbrar soluciones y debemos tenerlo muy presente






El cuarto oscuro

Golpes, hematomas, abrasiones, fijaciones mecánicas y correas. Informes médicos doloridos








Imagen de la prisión de la Modelo. / FRANCESC Melción









DAVID FERNÁNDEZ

DAVID FERNÁNDEZPeriodista y activista social
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«Seré procesado por ejercer mi derecho a la palabra contraria.
Si la opinión es un delito, no dejaré de cometerlo »
Erri De Luca
LAcámara oscura. Un agujero gris. Unos guantes negros. Una zona de excepción. Un margen del sistema donde se reproduce violentamente el sistema. Golpes, hematomas, abrasiones, fijaciones mecánicas, correas, medicaciones forzadas. Informes médicos doloridos. Hechos que hablan de nuestro país, que hablan finalmente de todos nosotros y que hablan especialmente de la prisión de Brians 1. También de la de Ponent. También del DERT -módulo de aislamiento- de Mas d'Enric. Lo acaba de documentar extensamenteel Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, que ha publicado el informe relativo a la visita relámpago que realizaron entre el 6 y el 13 de septiembre de 2018. Es decir, antes-de ayer. Y ha pasado casi desapercibido, a pesar de que no son habituales tantos detalles. Lo son, sin embargo, para que esa visita fue sorpresa y sin aviso: un dispositivo relativamente reciente de los mecanismos de defensa de los derechos humanos para conocer la realidad, en directo, sin preparativos previos y tras décadas de opacidad. La trampa de escuchar las instituciones europeas sólo cuando nos dan la razón ya no cuela; tanto o más importante es escucharlas cuando nos sacan los trapos sucios.
Acta de hiperrealidad de informe europeo: "Hematoma de 4 cm x 1 cm en la mejilla izquierda"; "Acumulación irregular de laceraciones, con algunas costras y rodeadas de eritema"; "El jefe de servicio del DERT entró en su celda y con su walkie-talkie portátil golpeó el prisionero en la frente. Cuando fue examinado por uno de los médicos de la delegación el 10 de septiembre de 2018, el interno mostraba tres costras en una línea (con un total de 2,5 cm de largo): las marcas coinciden exactamente con las características prominentes del carácter corto de la base del walkie-talkieestándar en uso ". Un vídeo grabado: "El examen de las imágenes de CCTV [circuito cerrado de cámaras] de un incidente el 8 de julio de 2018 al DERT plantea preocupaciones sobre la efectividad de la forma en que el personal penitenciario aplicó medidas de control y restricción ". Las imágenes mostraban diez funcionarios reduciendo un preso. Pueden consultar el informe completo , que también se detiene, y no para bien, en algunas comisarías de los Mossos. 
Hechos que hablan de nuestro país, que hablan finalmente de todos nosotros y especialmente de la prisión de Brians 1. También de la de Ponent. También del DERT de Mas de Enric
Laberinto sin salida, los presos y presas entrevistados referían, además, una habitación cerrada con un igual patrón de castigo. El ángulo ciego, el cuarto oscuro, el agujero negro. En medio de algunas resistencias funcionariales, los miembros del CPT la acaban localizando: "El CPT tiene serias preocupaciones sobre la gravedad de sus descubrimientos, que sugieren un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva". El hallazgo respondía punto por punto a la descripción que habían recibido de los presos que lo denunciaban. En el cuarto oscuro ahora acreditada, un habitáculo del módulo de admisiones libre de todo control, relleno de descontrol y guantes negros con golpes blancos, encontraron un cartel de bienvenida: "Área libro de Fuente". Sí. Fuente es el penúltimo director, de trayectoria garantista, que, como recordarán, terminó dimitiendo en diciembre de 2018. Va plegar tras una campaña de amenazas y acoso de ... de presos peligrosos, puede ser? No, no: de funcionarios peligrosos, eso sí. Instalados en la barra libre punitiva y represiva, intramuros y extramuros. Dimite el amenazado y no los amenazadores. Todo liga y religa. Torpemente. 
Antecedentes acumulados, hay cosas que la memoria nunca borra. Una charla imborrable del cura de Brians explicando el día que se encontró con una paliza. La represión al motín de Quatre Camins y un comunicado vacío del departamento de Justicia: reconocía los malos tratos a 26 presos pero cerraba la investigación ante la imposibilidad de averiguar la identidad de los responsables. En 2016 el Supremo condenaba un ex subdirector médico y cinco funcionarios por malos tratos. A menudo criticamos los demás lo que acabamos haciendo nosotros: en 2006, por ejemplo, la condecoración y distinción por parte de UGT, en un acto con apoyo del departamento de Justicia, de un destacado funcionario condenado por maltracaments. Y un escrito de 2009: "Esta es la realidad, cuando se mira un poco de cerca. Y por eso los malos tratos y las torturas en las cárceles no se investigan. El corporativismo siempre se mueve por evitarlo, amenaza con romper lapaz y extorsionar quien sea necesario anunciante tensión interna ". No, tampoco hubo transición democrática en las instituciones penitenciarias y la primera ley de la Constitución de 1978, se dice poco, fue la ley orgánica penitenciaria. 1/79. Durante demasiado años, paradojas mediocres, el principal problema de las cárceles catalanas -un modelo propio y distinto de las cárceles españolas desde 1984- fue -lo volverá a ser? - la cultura penitenciaria de una parte de los funcionarios. Antes con la plantilla de la Modelo. Hoy con epicentro en Brians 1.
O entendemos que son las microrepressions las que alimentan cada día la cadena trófica de la macrocárcel donde nos quieren mal meter o no saldremos nunca
No acaba aquí ni el desorden ni el despropósito. Detalles de la historia, aquella visita se produjo a finales del verano de 2018. Detrás estaba la denuncia documentada hecha por 20 presos y presas, unas familias valientes menudo ignoradas y el apoyo recibido de entidades defensoras de los derechos humanos que agrietado una espesa ley del silencio y desmontaban aquel relato oficial malo, rutina de estado, que espeta que lo que pasa nunca pasa. Hace muchos años, en 1983, Carlos Santamaría escribía apenado sobre la tortura: "Pretender una demostración de unos hechos que previamente han sido colocados en condiciones de absoluta indemostrabilitat es una auténtica canallada jurídica". Lo rememero porque, dos años después, la única canallada jurídica que consta, terrible reiteración,
En noviembre de 2018, el profesor Iñaki Rivera, referente y referencia del humanismo penal y del largo itinerario solidario que nos lega el OSPDH y el proyecto contra la violencia institucional Sirecovi, intervenía en el programa Todo se muevede TV3. Las palabras que pronunció -Reflexiones imprescindibles del que ahora detalla el CPT- le han costado ya cuatro denuncias. Por un delito de opinión, oxímoron democrático, convertido en injurias y calumnias. Que además abuso suele haber más corporativismo, es un clásico. ACAIP, CSIF y 200 funcionarios -sí, todos de Brians 1, porque todo concorda- mantienen el pulso. CCOO se ha retirado. UGT estuvo a punto de personarse. Ya ven, deben dimitir los amenazados y antes pasan por los juzgados los defensores de los derechos humanos que quienes los vulneran. Serán tan valientes también de denunciar a los juzgados el CPT del Consejo de Europa en los mismos términos?
Ya ven, deben dimitir los amenazados y antes pasan por los juzgados los defensores de los derechos humanos que quienes los vulneran
Hace demasiado que son malos tiempos para la libertad de expresión y para la defensa activa de los derechos fundamentales. Ahora que vivimos tiempos de macrorepressió, habría que olvidar las microrepressions cotidianas. Cada semana, una cascada en avalancha, como ésta que cierra: Interior aplica la ley mordaza y pide 20.000 euros a la PAH del Bages para detener un desahucio, hace meses que Jaime Palomera -del Sindicato de Llogaters- está denunciado también, ha arrancado el juicio contra los activistas que se encadenaron al TSJC con solicitud inicial de una pena total de 36 años para 12 personas, aún quedan jóvenes encarcelados el pasado octubre, la Fiscalía se activa contra el humor del está pasandoy leemos la última acometida contra Gonzalo Boye. O entendemos que son las segundas, las microrepressions, las que alimentan cada día la cadena trófica de la macrocárcel donde nos quieren mal meter o no saldremos nunca. 
Hace varios años, Erri De Luca escribió La palabra contrariacuando fue imputado por declaraciones contrarias a las obras del AVE en el valle de Susa. Fue absuelto, aunque el castigo kafkiano fue el proceso, la pérdida de tiempo, las horas mortecinas, la espera intranquila. Siguiendo el Erri, hoy no tengo otra alternativa que ratificar, reproducir y hacer mías, una por una, las palabras dichas por Iñaki Rivera en 2018: "Sí, hay torturas, hay malos tratos, hay vejaciones". Y sí: "Evidentemente la tortura sólo puede ser hecha por un funcionario penitenciario". Por eso quieren juzgar Iñaki, ¿qué les parece? El absurdo contra la obviedad, incluso penal: porque es así como está tipificado el delito de tortura universalmente. Principio y final, cuando quieren callar uno, la única alternativa democrática es que todas y todos hablamos por él. Mientras empiezo a pensar que la mejor autodefensa sería ir a los juzgados a autoinculparse todos con Iñaki, ejerciendo el imprescriptible derecho a la palabra contraria. Para decir lo mismo y que todo no siga igual.

2 feb 2020

Colectivo Apoyo Mutuo : Carta (A)bierta a las jóvenes generaciones

Carta (A)bierta a las jóvenes generaciones




«El hecho de elegir sus amos no elimina a los amos ni a los esclavos»




Herbert Marcuse 

«Quien crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un tonto o un economista»

Kenneth Boulding 


Debido a que la memoria colectiva puede dar lugar a proyectos sociales subversivos, porque las raíces están ancladas, la historia oficial, la de los conquistadores, ha hecho que las personas sean amnésicas y desunidas. Las élites han dejado en claro que el devenir de la humanidad realmente se ha definido desde hace hace unos siglos con el surgimiento del capitalismo y el surgimiento del Estado.De ahí la afirmación, incesantemente machacada: no hay otra alternativa. Sin embargo, las opciones podrían haber sido diferentes, especialmente la de los combustibles fósiles. Es evidente que la ruptura entre el hombre y el entorno natural está empeorando. Aún sabiéndose que la destrucción de los ecosistemas continúa. La codicia de las élites proporcionó el impulso; La servidumbre voluntaria de unos cuantos ha hecho el resto. El resultado de esta loca carrera es que somos las primeras generaciones en la historia en dejar a sus descendientes, ustedes, un legado menos favorable que el que recibimos.


No fue hasta el siglo XVIII cuando surgió la idea de “progreso”. Contrariamente a lo que se les ha dicho, esta no es una perspectiva prevista por los pueblos para satisfacer el llamado deseo de consumo, sino más bien una construcción intelectual de las élites, totalmente vinculada a la evolución científica y técnica. El desarrollo de una ciencia supuestamente pura y desinteresada condujo a una alianza formidable del conocimiento, el Estado, la Industria y el Capital. Rápidamente, fueron las preocupaciones industriales las que proporcionaron a la ciencia sus materiales, sus preguntas y, a veces, incluso sus soluciones. Por razones de poder y beneficio, la concepción industrial, racionalizadora y productivista ha triunfado. Impuesta brutalmente, la tecnología se ha convertido en la nueva religión de la era industrial. El desarrollo infinito de las fuerzas productivas se supone que libera al hombre de la escasez, la injusticia, la guerra, la desgracia. El progreso de la ciencia y la tecnología debe producir progreso social y moral. Fueron enormes engaños y dos siglos después, el futuro nunca ha sido tan oscuro.


Para afirmar mejor la dominación de su modelo, las clases dominantes hicieron creer que los pueblos se adherían a él sin reservas. Pero desde el nacimiento de la era industrial, intelectuales, filósofos, novelistas, pero también trabajadores, artesanos, campesinos han denunciado los efectos de las nuevas máquinas en su trabajo y su forma de vida, los peligros, los riesgos, las molestias para un “confort” a menudo ilusoria que se adquiere al precio de la libertad y la dignidad. Históricamente, la técnica nunca ha sido objeto de una elección compartida; mientras que sus beneficios han sido sobrevalorados, sus riesgos han sido subestimados y nunca han dado lugar a un debate sustantivo. Por medio de acciones de fuerza, situaciones impuestas, cálculos sórdidos, procedimientos legales que enmascaran los desacuerdos y producen unanimidad, se ha tenido la consecuencia de imponer el hecho tecnológico, con el argumento pretendidamente irrefutable del poder de las máquinas.


Hoy en día, gracias al costo muy bajo de los combustibles fósiles, la producción racionalizada al extremo, estandarizada, automatizada, que incrementa la sacrosanta productividad, ha llevado al debilitamiento de las formas de autoayuda, de reciprocidad, a la pérdida de calidad de las obras, a la desvalorización del trabajo, la alteración del gusto, del juicio, de la inteligencia práctica, al aumento de los riesgos laborales para la salud, a un estilo de vida basado en lo superficial, lo efímero. En última instancia, a una domesticación del hombre por parte de la sociedad industrial y un desprecio por la vida, reducido a lo que la ingeniería permita. Un verdadero naufragio antropológico.




Pero hay algo mucho más grave. A partir de ahora, las promesas de vida y felicidad que se hacían en épocas pasadas se revierten en amenazas de muerte, en la medida en que el saqueo deliberado del planeta infligirá condiciones de vida cada vez más ingratas (probablemente esto sea un dulce eufemismo). Debido a que se han alcanzado los límites físicos del planeta, ya que se están extrayendo recursos más rápido de lo que se están recuperando, la megamaquina ha programado su propio colapso en las próximas décadas, lo que será fuente de destrucción y de sufrimiento para el mayor número de personas. En una sociedad que se ha vuelto “autófaga”, el homo economicus ya no tolera ninguna frustración y se hunde en una fantasía de descontrol y despilfarro: tal es el actual proceso de autodestrucción. La escasez o el agotamiento de materiales esenciales, la contaminación de diferentes entornos, la deforestación, la degradación del suelo y los océanos, la acumulación de desechos, el cambio climático con consecuencias potencialmente desastrosas… Las estrategias de los tiburones de las finanzas, las intrigas de los poderosos que no son nunca responsables, el egoísmo y la codicia generalizada, la cobardía de la vida cotidiana, han despojado a la juventud de futuro. Si la perspectiva es tan fatal, es porque la gran mayoría de hombres y mujeres querían escuchar solo las “buenas noticias”, rechazando con enojo a quienes se atrevieron a profetizar el desastre. Es lo que ocurre cuando un cáncer no se trata, llega a la fase terminal.


De modo que las jóvenes generaciones no solo tienen el derecho, sino el deber, de rebelarse sin moderación, sin concesiones, sin preocuparse del mundo mortal que condenará esa expresión de integridad y pretende neutralizarla con sus tramposas armas: la exacerbación del patriotismo, la locura militar, el gran circo electoral, la burocracia esclerótica, el engaño de la seguridad social, la criminalización de los movimientos sociales, la imposición del supuesto desarrollo sostenible, el mito del crecimiento, la mentira de la transición ecológica, los espejismos de la innovación tecnológica. Incluso la “Declaración de los Derechos del Hombre” de 1793 estipulaba que “cuando se violan los derechos de las personas, o de una parte de las personas, la insurrección se convierte para ellos en el más sagrado de los derechos y en el más indispensable de los deberes”. Y, sin embargo, la situación es aún más dramática: cuando los “pueblos” se suman al poder de los psicópatas, cuando la celebración de una copa mundial de fútbol importa más que una manifestación para la defensa de los beneficios sociales, la democracia no está solo en riesgo; ella murió.


Ya es hora de desconectarse de una sociedad donde los estafadores operan legalmente, donde la competencia ha destruido la solidaridad, donde se culpa a los pobres por su miseria, donde la esclavitud solo ha sido abolida en el papel, donde se pierde la vida para ganarla. Una sociedad donde las casas que en otro tiempo permanecían abiertas hoy tienen puertas cerradas y vigilancia, donde uno vive a crédito y procurando obtenerlo, donde el poder adquisitivo se ha convertido en sinónimo de emancipación y donde los políticos seniles dejan su lugar en el poder solo con la enfermedad de Alzheimer. Para anestesiar mejor el pensamiento crítico de la juventud, han sido transformados en conejillos de indias de artilugios tecnológicos a los que se impone la adicción. Ya es hora de mirar hacia arriba, apartar la vista del smartphone y demás trampas digitales para ver que el capitalismo no ofrece otra solución que la barbarie, que la felicidad reside en la simplicidad. Es siempre el amor a la libertad y la pasión de la justicia lo que ha elevado al hombre. Y recuerden la advertencia de Balzac: “La renuncia es un suicidio diario”.
  

Como heredarás el peor de los mundos posibles, tendrás que reconstruir otro proyecto a partir de tales ruinas. Esto requerirá coraje, lucidez, imaginación y sobre todo cooperación. La negación de la realidad, la política del avestruz ya no puede tener lugar. Y no esperen hasta que la estupidez humana esté “científicamente probada” para erradicarla. Ese medio siglo perdido desde las primeras alarmas serias de la década de 1970 no se pondrá recuperar. En la escala de la historia, tenemos prisa. Si fallan, con cientos de millones de vidas destrozadas durante siglos, la humanidad quedará fuera de la aventura más emocionante. Por lo tanto, estás condenado al éxito. En cuanto a aquellos que quieren procrear imprudentemente, háganles saber que con ello contribuirán principalmente a alimentar las fosas comunes futuras.


La hoja de ruta es clara: participar en la transformación radical de la sociedad mediante la superación de una comprensible sensación de impotencia, evitando demasiados escollos: el callejón sin salida individualista, el culto a la pobreza, la tentación del poder, la ilusión de violencia, la deriva sectaria… Transformen su estilo de vida volviendo a lo esencial, a partir de la satisfacción con recursos locales de las necesidades básicas y vitales. Denuncien implacablemente y en cualquier circunstancia, a la jerarquía, la arrogancia, el desprecio, la injusticia, la hipocresía, la corrupción. Valoren constantemente la inteligencia colectiva, el trabajo socialmente útil, los intercambios de bienes, servicios y conocimientos, siempre sabiendo cómo preservar la convivencia. Las oportunidades de activismo, responsabilidad y experiencia son numerosas: sindicalismo, cooperativas, acciones de apoyo mutuo, organizaciones sin fines de lucro, centros de salud autogestionados, sistemas de intercambio locales, oposición activa a grandes proyectos innecesarios e impuestas sin consulta desde instancias de poder autoritario, luchas agrícolas con perspectivas agroecológicas, áreas para defender, jardines compartidos… En un proceso inevitable de colapso, lo peor sería no hacer nada.


Repensar nuestra forma de ser en el mundo significa aceptar ciertas certezas y prácticas. Y sobre todo, dejar de considerar la naturaleza como un supermercado y un basurero, y a la mujer como un objeto y una matriz. El auge de la ciencia no es solo la victoria sobre los prejuicios y el oscurantismo, sino también el triunfo de la racionalidad científica y técnica, la primacía de la razón abstracta, es decir. la devaluación de las cualidades sensibles, la intuición, el instinto y también el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, lo que lleva a una “civilización autista”. Solo lo que se puede formalizar usando las matemáticas es digno de atención. Con dos grandes consecuencias:

– Una relación de dominación con la naturaleza que justifica el mito prometeico de transformación del entorno. De ahí la domesticación y comercialización de la vida, la sociedad extractivista y termoindustrial que reduce el planeta a un vasto sitio de construcción permanente hasta el caos.
– La mismo relación de explotación y dominación ocurre con las mujeres. De ahí la generalización de las organizaciones patriarcales donde la visión mecanicista del mundo está acompañada por el odio a las mujeres (“histéricas, abrumadas por sus emociones”) y la caza de brujas. Un filósofo inglés, un lejano padre de la tecnociencia, Francis Bacon escribió: “La naturaleza es una mujer pública. Tenemos que ponerla al desnudo. Penetrar sus secretos y encadenarlo según nuestros deseos”.

Si no pueden salir de esta ignominia, de esta monstruosidad, eligiendo el oficio artesanal de la vida a la industria automatizada de la muerte, cualquier proyecto de sociedad estará condenado irreparablemente al fracaso.



Jean-Pierre Tertrais

Publicado originalmente en francés en el periódico Le Monde libertaire # 1805, París, abril 2019. Versión al castellano traducida por la Redacción de El Libertario






¿Quién teme a Concepción Arenal?

Manuel Rivas

Candidatos que pregonan un patriotismo de jaulas. Juristas que confunden la justiciacon el castigo. En la España de hoy necesitamos la mirada de Concepción Arenal.







SI HOY EN DÍA entrevistasen a Concepción Arenal (1820-1893) en un informativo de amplia audiencia, o le dieran cancha en un debate televisado, le lloverían piedras. Sus propuestas civilizadoras, sus críticas a la ruindad y miserias del sistema judicial y penitenciario, su reformismo social y feminista serían objeto de mofa y linchamiento en las redes. Sería quemada en efigie por el fanatismo mediático. Montañas de memes y comentarios estupefacientes se abalanzarían sobre su principio humanitario: “Odia al delito y compadece al delincuente”. Toneladas de groserías tratarían de oscurecer inteligentes aforismos que siguen emitiendo luz: “Todo lo que endurece, desmoraliza”. El ruido reaccionario o el silencio selectivo intentarían acallar la inconfundible naturaleza de lo que suena cierto: “Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar, hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”. Esta última anotación parece escrita justo en la noche del 6 de noviembre de 2018, cuando el Tribunal Supremo hipotecó la balanza de la justicia española.
A los 21 años, Concepción Arenal, nacida en Ferrol, se vistió de varón, se cortó el pelo y se cubrió con sombrero y capa para poder estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid. Fue descubierta. El rector le permitió seguir en la Facultad, pero en un régimen “penitenciario”: un familiar la acompañaba hasta la puerta, un bedel la escoltaba hacia un cuarto solitario y el profesor de turno la conducía a clase, donde permanecía en lugar aparte. No le debía faltar ironía a Concepción Arenal, que, pese a su feminismo y espíritu sufragista, recomendó a las mujeres hacer dos excepciones en la lucha por la igualdad. No dedicarse ni a la milicia ni a la política, cosas de machos, el poder viril como afán de mandar y dominar: “Tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote”.
La valiente era ella. No quería dominar, quería saber. Otra vez Eva. El pecado original es la libertad. ¡Viva el pecado original! La humanidad surge de ese acto de desobediencia. Eva arriesga porque no acepta la ignorancia, mirar para otro lado. Adiós al paraíso de cartón piedra, adiós al parque temático del conformismo. A su manera, Concepción Arenal reactiva ese acto fundacional de la humanidad. Esa muchacha aislada en la Facultad, observada como un lepidóptero, vigilada como un pecado, es en sí misma un acto de desobediencia. Pero, por otra parte, tal vez intuye que es esperada. Que será bienvenida al otro lado. En una España que sufre la injusticia y el maltrato. Y va a atreverse a decir lo impronunciable. A mirar lo que no se puede ver. Los inframundos ocultos de las prisiones y la pobreza extrema. Donde las grandes palabras, como redención, amor, piedad, compasión, no digamos ya derechos o libertades, tañen con un badajo de sarcasmo.
Su reformismo era un reformismo eficaz. Moderada en las formas, revolucionaria en el fondo. Con esos dos pilares de la conciencia feminista y la permanente inquietud por los más olvidados, los que sufrían prisión. Fue muy atacada por la gente carca. Tal vez lo que más les irritaba era que su activismo, y su coraje, fuera de inspiración cristiana. Y que, siendo católica, colaborase en la obra emancipadora de la Institución Libre de Enseñanza, ese espacio de librepensamiento que desquiciaba al paleoconservadurismo. Concepción practicó una teología de la liberación del siglo XIX. También en eso fue eficaz. En poner en evidencia el estado de hipocresía vigente.
Somos lo que recordamos y somos lo que olvidamos. Así que es de agradecer el renovado interés por esta precursora postergada. Una obra que abre el mejor paso para este redescubrimiento es la reciente biografía, Concepción Arenal: la caminante y su sombra, de Anna Caballé. Es un buen síntoma. Hay gente que merece existir en presente recordado. Y en la España de hoy necesitamos la mirada de Concepción Arenal.
Vivimos en un ambiente cargado del populismo punitivo. Los dirigentes políticos incapaces de desatar nudos conflictivos, empezando por los de los propios zapatos, no hablan el lenguaje de la justicia sino del castigo. Esos candidatos que pregonan un patriotismo de jaulas. Juristas que vuelven a flirtear con el peligroso “derecho penal del enemigo”, lo que se percibe, por ejemplo, en el tratamiento a los encausados por el procés catalán.
Son tantos los que gritan “¡Cárcel, cárcel, cárcel!” que solo tengo esperanza en el pecado original.

31 ene 2020

La cuestación para contribuir a pagar la multa del compañero Lisardo Astorgano,de la Asamblea deUsuarios de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana ha tenido éxito y por lo tanto ya hay dinero para pagar el castigo impuesto por defender la Sanidad Pública de su desasistida comarca(¡¡ Eso sí que tiene delito por más que no podamos perseguirlo porque tienen la ley en sus manos!!)En todo caso la solidaridad sigue siendo la mejor arma de la que disponemos los trabajadores y ésta  respuesta inmediata  a  la mezquindad y cobardía con que  las instituciones reprimieron la lucha de los del Bierzo y Laciana lo demuestra.La lucha seguirá , con más o menos altibajos ,pero seguirá sin lugar a dudas

29 ene 2020

¡ Préstame pola vida !

De vez en cuando , en medio de desigualdades,injusticias y compromisos con los que las sufren, se me aparecen recuerdos de tiempos de inocencia, juegos y fraternidad.Escasos pero imprescindibles momentos de paz vividos,cómo no,en asturianu

Como era de esperar,se consumó la venganza contra el movimiento independiente y horizontal por la Sanidad Públicade El Bierzo y Laciana(AUSP),esta vez en la persona de uno de sus militantes,Lisardo Astorgano,que resultó multado en base a la Ley Mordaza tiempo  después de las importantes movilizaciones del Otoño de 2017(... Encierro dentro del Hospital del Bierzo,numerosas muestras de adhesión y manifestaciones en Ponferrada y comarca..).Dejaron que el caldeado ambiente se enfriara para sacarse de la manga unas identificaciones a posteriori de la difusión de sus reivindicaciones en un acto públco en Ponferrada para hacer cobardemente uso de la Ley Mordaza en su vertiente económica.Así lo recogiamos en Noviembre https://solidariosdelasanidad.blogspot.com/2019/10/recortes-sanitarios-ley-mordaza.html )
Ahora ya es irreversible la sentencia definitiva y sin recurso.
Solo nos  queda la solidaridad y  seguir la lucha En ello estamos  

21 ene 2020

CONTRA LAS CARCELES ,POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRESAS
árce
  
   -
Desaparición del regimen FIES y el Aislamiento, que es una forma de tortura   
           -Excarcelación de las personas presas con enfermedades incurables, sin restriciones ni supuestos  ajenos a la Medicina, como es el de "temporalidad"




17 ene 2020




Este pormenorizado análisis realizado recientemente por OSABIDEAK nos parece que deja muy claros  los términos de una falsa dicotomía-temporalidad&terminalidad en la interpretación de los supuestos de excarcelación de las personas presas con enfermedades incurables Merece la pena leerlo con atención

OSABIDEAK: Algunas claves para entender lo que está pasando con las personas enfermas en prisión

Fuente: OSABIDEAK Asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad
Los/las profesionales de la salud conocemos lo que supone enfermar gravemente de una enfermedad incurable.
 Se trata de una experiencia personal y vital de gran impacto y sufrimiento (propio y de nuestro entorno), que nos obliga a vivir con diversos síntomas físicos y psicológicos que van agravándose con el tiempo como dolor, deterioro de funciones corporales e intelectuales, que producen diversas discapacidades y limitaciones, y el miedo-angustia a un fallecimiento precipitado. Sin olvidar que algunas enfermedades, además, mantienen aún un alto grado de estigma social. En estas situaciones de tan alta vulnerabilidad, si no existen las necesarias ayudas o apoyo sanitario y social para mantener mínimos de calidad de vida, así como la protección a la privacidad, la persona puede sentir fácilmente que se degrada su dignidad humana.  La ley de autonomía del paciente, la ley de protección de datos, de confidencialidad médica, el código deontológico y las leyes de muerte digna y eutanasia van precisamente encaminadas a proteger la dignidad humana en estas vivencias.
En algunos casos, a esta situación vital de tan alta vulnerabilidad y sufrimiento se le añade la privación de libertad en los centros penitenciarios, que deniega la posibilidad de poder estar acompañado/a por los seres queridos, manteniéndoles en un entorno hostil donde, según todos los organismos de derechos humanos, se quiebran más derechos que el derecho a la libertad. Además, en el Estado Español la sanidad penitenciaria depende directamente del Ministerio de Interior y no del Sistema Nacional de Salud (excepto en la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y próximamente se realizará la transferencia también a la sanidad pública de Navarra)   y todo ello en contra de lo que recomiendan la ONU, la OMS y el Consejo de Europa como medida fundamental para propiciar la asistencia sanitaria en equidad y evitar la desasistencia y la discriminación. Y esta situación, nada menos que 15 años después de que se aprobara la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una sanidad penitenciaria que, según la propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España, desasiste, discrimina y vulnera la deontología médica al priorizar intereses regimentales. Una sanidad donde el 30% de las plazas del personal sanitario están vacantes y donde la reducción presupuestaria de los conciertos de asistencia sanitaria entre las CCAA e IIPP en los últimos 8 años ha sido de un 73%.
Desgraciadamente el problema no acaba tampoco aquí, porque los/las médicos/as forenses -que son los/las responsables de peritar y realizar informes de las personas enfermas recluidas para valorar las medidas alternativas al encarcelamiento- son dependientes en este caso de la Administración de Justicia. El ejemplo más documentado e ilustrativo del desprestigio profesional en materia de Derechos Humanos que conlleva esta falta de independencia médica de estos médicos forenses se encuentra en el hecho de que sean ya más de 4000 personas, a las que mediante el protocolo de Estambul, se les ha verificado que sufrieron torturas durante la detención gubernativa incomunicada. La revista Forensic Science International publicó 2 artículos evidenciando la mala calidad de los informes forenses de las personas detenidas en España y la ineficacia en la prevención y denuncia de las torturas. En 2016 en la Convención del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las víctimas de la Tortura también quedó en evidencia la labor de los médicos forenses, en concreto de la Audiencia Nacional. La revista The Lancet también publicó un artículo evidenciando la práctica de torturas en España, y las reiteradas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ineficaz investigación completan todo este desprestigio en materia de derechos humanos. Estamos empezando a documentar también la mala calidad de algunos informes forenses que permiten y facilitan la permanencia en prisión de personas muy enfermas.
Finalmente, a esta falta de independencia y descrédito de la profesión médica forense, se le añade que no existen protocolos consensuados con estándares y criterios sanitarios indubitados, para que se adopten medidas flexibles y alternativas a la privación de libertad. Esta ausencia de protocolos y guías, sobrecarga en exceso el peso de estas decisiones a la formación-conocimiento e implicación del/de la médico/a penitenciario/a y del/ de la forense, que en este caso además no son administrativamente independientes. En toda praxis médica existen guías, protocolos y documentos de consenso, que son básicamente un conjunto de recomendaciones y directrices basados en evidencia científica y redactados por grupos de expertos/as cualificados que orientan la labor individual que realizamos los/las médicos/as, nos ofrecen un marco de actuación para que los apliquemos según nuestros conocimientos médicos con la flexibilidad que exige la individualidad y la variabilidad biológica de cada caso.  Este marco nos protege de decisiones no fundamentadas científicamente y reduce la excesiva variabilidad y la arbitrariedad.
Pese a que la ley contempla la flexibilización de medidas privativas de libertad  e incluso la excarcelación en estos 3 supuestos:
  1. Personas mayores de 70 años
  2. Personas con enfermedades graves e incurables
  3. Personas con peligro patente para la vida
Con todos los ingredientes descritos anteriormente y con un Estado que no entiende la enfermedad mental, que no evita la exclusión social, que discrimina a personas migrantes, que no invierte lo suficiente en educación, que no toma decisiones valientes y eficaces en temas como la gestión y la regulación de las drogas,  el resultado no podía ser más que el panorama desolador que tenemos. En las cárceles de España fallecen aproximadamente 3 personas a la semana. Y no, no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones. La mayoría fallecen por enfermedades, así como por sobredosis y suicidios (la tasa de suicidios se multiplica por 5 en las cárceles). En ningún centro de ingresos de nuestro Sistema de Sanidad serían aceptables tales cifras. Se trata mayoritariamente de muertes previsibles, de personas enfermas graves, sin curación, con peligro patente para la vida, no atendidas debidamente, excluidas socialmente falleciendo olvidadas, con una sanidad penitenciaria y pericial dependiente de administraciones no sanitarias.
En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada, no formada ni comprometida con los derechos humanos, no independiente ni incluida en un sistema de salud público consolidado y donde los criterios para suavizar las consecuencias de la prisión no gravitan sobre ejes sólidos consensuados sanitarios, técnicos, objetivos, rigurosos, de igualdad y de dignidad humana,  seguirá la desasistencia y seguirán  falleciendo y suicidándose las personas  olvidadas e invisibilizadas.
Esta debilidad del sistema sanitario también queda al descubierto cuando en el caso de las personas no olvidadas, de personas visibles o expuestas (las de actualidad mediática) se aprecia que estos criterios sanitarios son demasiado sensibles y vulnerables a vaivenes políticos e ideológicos del momento. Así lo percibe la población cuando es testigo de las excarcelaciones de personas enfermas de alguna manera vinculadas a los gobiernos como políticos o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La arbitrariedad es el ingrediente principal para que la desconfianza y el descrédito del sistema jurídico y de la sanidad penitenciaria y pericial crezcan. Desde otro ángulo, pero igual de revelador y explícito es, observar, como dependiendo del viento político del momento, cuando un gobierno anuncia la aplicación de medidas  de acercamiento o la flexibilización de medidas privativas de libertad a enfermos/as recluidos/as que están recogidas en la propia legislación española y recomendadas en el ámbito internacional  (Reglas Mandela de la ONU, Informe Bergeron del Parlamento Europeo o jurisprudencia asentada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)  afloran vehementemente las presiones políticas y mediáticas,  polemizando las medidas con criterios no sanitarios. O del mismo modo, cuando se vuelve a tornar el viento político y los Gobiernos modifican lo establecido en el código penal vía instrucción, quebrantando el principio de jerarquía normativa y contraviniendo lo recomendado por todos los Organismos de DDHH. Desde una óptica sanitaria, jurídica y de Derechos Humanos resulta bochornoso contemplar cómo según el interés político del momento se aplican o restringen medidas humanitarias, sanitarias y de derechos humanos. A la vez  resulta preocupante observar como existe una intención de normalizar y acostumbrarnos a estas prácticas.
Mientras las personas excluidas y olvidadas siguen falleciendo invisibilizadas, resulta llamativo observar como las personas conocidas, de actualidad o con las que se polemiza con cuestiones no sanitarias,  ponen de manifiesto de forma muy explícita la pugna entre derechos humanos y disputas políticas. A menudo son instrumentos  para construir argumentos y justificaciones para refrendar recortes en derechos y emprender sendas  regresivas en materia sanitaria y de dignidad humana.
Creemos oportuno profundizar y desgranar 2 elementos con relevancia deontológica, legal y sanitaria,  y alto precio en derechos sanitarios que por cercanía temporal y geográfica hemos contemplado y que no deben transitar inadvertidas:
  1. La confidencialidad médica
Hemos querido iniciar este artículo describiendo la situación vital de padecer una enfermedad grave e incurable, para exponer la situación de vulnerabilidad que supone. En este escenario los/las sanitarios/as somos los/las confidentes necesarios/as y, por tanto, estamos obligados a guardar el secreto profesional. El ámbito asistencial necesita ese espacio protegido de confidencialidad y seguridad para garantizar una correcta asistencia y preservar la dignidad de la persona enferma.
El tratamiento mediático que se viene realizando de las personas de actualidad mediática enfermas y encarceladas está quebrantando este derecho a nuestro entender de 2 maneras:
  • Por una parte, la sanidad penitenciaria, la administración penitenciaria o la administración de justicia incurren en una ilegalidad grave cuando violan el secreto médico y filtran las enfermedades, diagnósticos o valoraciones médicas de las personas enfermas recluidas a los que se les contempla aplicar medidas flexibles o traslados de centros penitenciarios. Al padecimiento de una enfermedad grave y a la privación de libertad se le suman la sobreexposición pública  y la violación del derecho a la intimidad y al secreto médico. Muchos medios de comunicación los han filtrado y esto puede producir graves consecuencias, ya que las personas recluidas pueden dejar de consultar síntomas y afecciones con el fin de evitar la exposición mediática, privándoles de su pleno derecho a la asistencia sanitaria. La filtración y publicación de datos médicos interfiere además en el proceso de asimilación de la información de enfermedades que padecen las personas enfermas. Hacernos conscientes de que padecemos una enfermedad grave e incurable es una experiencia impactante que genera mucho miedo y sufrimiento, a menudo nuestra mente nos protege de tal shock y no podemos asimilar toda la información de golpe. En realidad informar o comunicar enfermedades, riesgos, y pronósticos es un proceso de acompañamiento informativo, en la que vamos informando a medida que la persona afectada nos va solicitando  (durante la evolución de la enfermedad) aquella información que es capaz de ir asimilando. El pronóstico se basa en estadísticas (en porcentajes medios) pero existen muchos factores de variabilidad individual y  la mayoría de las personas necesitamos afrontar los tratamientos y vivir este periodo con esperanza de poder mejorar, superar las complicaciones y sanarnos lo máximo posible, la publicación en prensa de características tiempos de vida, pronóstico y demás atenta contra este derecho. Esta práctica de filtraciones ha permitido avanzar en esta vulneración al punto de observar con perplejidad que una asociación (no sanitaria) ha solicitado públicamente a la administración penitenciaria el acceso detallado de los diagnósticos y enfermedades que padecen determinados reclusos a los que se ha filtrado en prensa que se plantea aplicarles medidas legales correspondientes o acercamientos a cárceles más cercanas a sus domicilios. Y en esta misma dirección se avanza cuando recientemente también determinados partidos políticos han solicitado a un Gobierno de una comunidad que se compartan datos sanitarios con la policía para facilitar la expulsión de personas migrantes. Urge que la sociedad sanitaria y jurídica recuerde que el derecho a la confidencialidad médica  nos asiste independientemente de nuestra condición jurídica, nos ampara el derecho de que sólo sean conocedores de nuestras enfermedades y pronósticos aquellos que nosotros autorizamos, para poder facilitarnos la vivencia del proceso vital e íntimo que nos ha tocado vivir y garantizar el acceso a la óptima atención sin temor a que se difundan datos en nuestro perjuicio.
  • En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada y dependiente, se produce otra vulneración de la confidencialidad quizás de una forma más indirecta, pero a nuestro parecer igual de preocupante, cuando algunas personas privadas de libertad gravemente enfermas se han visto obligadas a renunciar a su derecho a la intimidad y confidencialidad para poder denunciar la vulneración de otros de sus derechos (sanitarios y penitenciarios). Esto es algo que en una sociedad sana no debe producirse. Cuando ha de realizarse, la forma de no atentar contra la dignidad de la persona enferma al hacer públicos datos médicos confidenciales es la de realizarlo siempre con su consentimiento, focalizando en la defensa de derechos humanos, como dato indicativo o exponente de la vulneración sanitaria que se denuncia, y con rigor y respeto. Abriendo así el debate sobre la Sanidad Penitenciaria, con el objetivo de construir una sanidad penitenciaria garantista que favorezca finalizar con la revelación pública de datos médicos como denuncia.

  1. La temporalidad, terminalidad y los criterios temporales estrictos de esperanza de vida:
Si fallecen tantas personas por enfermedades, sobredosis y suicidios es porque de alguna manera, en el ámbito sanitario y jurídico penitenciario y en una parte de la sociedad palpita todavía con fuerza el derecho penal más punitivo del siglo XVIII y la idea, que prevalece el castigo de la pena de cárcel frente al derecho a la salud y a la vida con dignidad; así como la escasa comprensión de las consecuencias de la enfermedad mental y la exclusión social y la débil voluntad rehabilitadora. La ley no exige que un enfermo sea “terminal” para contemplar la excarcelación u otras medidas de flexibilización, pero en este sentido todavía persisten arraigados con fuerza los conceptos de temporalidad y terminalidad, y se hizo muy explícita la intencionalidad punitiva para que determinadas personas con enfermedades muy graves e incurables recluidas salgan únicamente de prisión para fallecer en libertad en el periodo más breve posible; cuando hace unos 5 años se originó una viva polémica por la excarcelación de un enfermo muy grave incurable y con claro y evidente peligro patente para la vida, concretamente un enfermo con cáncer metastásico. Se polemizó con elementos no sanitarios y una asociación no sanitaria  llegó a calificar dicha excarcelación como una “traición del Gobierno”, posteriormente consideraron que dos años y medio fue demasiado tiempo para que falleciera en libertad. Esta polémica la avivaron medios de comunicación, persiguiendo, dando a conocer y juzgando la vida que esta persona llevó durante los meses anteriores al fallecimiento. Se interfirió hostilmente en el derecho a afrontar la muerte con dignidad y en la intimidad de un enfermo con cáncer metastásico y se  alimentó un sustrato de fondo profundamente antidemocrático: que los criterios sanitarios y de dignidad humana no son los mismos para todas las personas. El caso que mencionamos abarcó tanto espacio en medios de comunicación que se convirtió en anómalo lo que debería ser normal y se naturalizó lo que es aberrante, hasta el punto de ver publicados una especie de escrutinio de los meses que han vivido en libertad determinados enfermos excarcelados por enfermedades graves e incurables alegando que algunos superaron la media de esperanza de vida que se les estimó.
Las personas que asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables y evolutivas sabemos que, aparte de aliviar los síntomas, lo que otorga la dignidad a este periodo de vida es precisamente el poder realizar las actividades vitales que la enfermedad te permite. Pensar que una enfermedad no es grave, avanzada e incurable porque la persona que la sufre puede andar, pasear o comer es no tener conocimiento absoluto de la enfermedad ni de los fallecimientos. Es precisamente lo que pretende proteger la ley de muerte digna: mejorar los cuidados y la atención en una situación de enfermedad grave avanzada y evolutiva, y dar capacidad de decidir el límite personal de la dignidad y el sufrimiento en nuestro proceso vital final.
Y es cuatro años más tarde, en mitad de un proceso de excarcelación de otro enfermo grave, avanzado, incurable y evolutivo -concretamente un paciente con SIDA avanzado- cuando se materializa la interpretación de enfermedad muy grave e incurable como enfermedad terminal y agónico, y se aprueba la Instrucción 3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, sin ninguna habilitación legal para ello, interpreta peligro patente para la vida como peligro inminente o periodo muy corto de vida (dos meses concretamente, según el Ministro de Interior de entonces), otorgando a los médicos penitenciarios la función de una especie de policía sanitaria. Función médicamente imposible de realizar y deontológicamente muy cuestionable. Peligro patente significa un riesgo de fallecimiento aumentado por enfermedades (por ejemplo enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos que aumentan las probabilidades de infartos y hemorragias, trastornos mentales graves con elevado riesgo de suicidio, enfermedades que afectan a las defensas ante infecciones graves que pueden ser mortales…) y es un concepto independiente de la temporalidad estricta.
Y finalmente ha tenido que enfermar gravemente un alto cargo político del partido que defendía la salida de los enfermos únicamente para fallecer en un periodo muy corto de vida, han salido los miembros de su partido defendiendo que se le apliquen a él las medidas humanitarias que negaban a los demás para que se dé el contexto absurdo e incoherente que anule esta instrucción. Su partido lo ha convertido en rehén de su propia política. Hemos sido testigos nuevamente de un bochornoso tratamiento mediático, filtrándose informes médicos a la prensa y asistiendo a una especie de “juicio popular” catapultando toda la discordancia y el despropósito al debate público y social.
Y de nuevo los criterios sanitarios como una veleta al viento político y social vuelven a cambiar y se anuncia un cambio en la instrucción penitenciaria que se limita a una mera operación política de maquillaje. Derogan la Instrucción vigente pero introducen una nueva, la Instrucción 6/2018 que se limita a suprimir conceptos explícitos grotescos como “periodo muy corto de vida”, pero vuelve a identificar “peligro patente” con el concepto de “enfermedad terminal” manteniendo la temporalidad como principal criterio.
Es importante entender que, a día de hoy, no existen en medicina herramientas pronósticas fiables que predigan fehacientemente el pronóstico temporal de los/las pacientes con enfermedades graves e incurables ni de los que tienen peligro patente para la vida (y debemos añadir que vistas las orientaciones de nuestra sociedad, donde el dinero, las ideas y las prácticas políticas están demasiado a menudo por encima de los derechos humanos, nos debemos alegrar por ello). La terminalidad o el final de vida o la enfermedad avanzada e incurable son términos MÉDICOS que se asientan sobre el cuidado. Por lo tanto, no son términos temporales, jurídicos ni penitenciarios. De hecho, a día de hoy en medicina la palabra terminal está cada vez más en desuso y se utiliza paciente con enfermedad grave avanzada y evolutiva.
Además de que la ley no exige que una enfermedad sea terminal para la excarcelación y que  no existen herramientas efectivas para medir los horizontes de vida con tanta exactitud; al introducir la temporalidad se excluyen muchísimas enfermedades graves incurables y con peligro patente para la vida, empezando por todas las enfermedades mentales graves, enfermedades que ocasionan mucho sufrimiento al paciente.
Queremos recalcar especialmente el papel y la responsabilidad de muchos medios de comunicación por el trato mediático que han impulsado, bajo el amparo de una falsa transparencia han filtrado detalles de las enfermedades, han puesto el foco en aspectos no sanitarios y al polemizar introduciendo elementos no sanitarios ni de derecho en estos relatos, han normalizado el condicionamiento de los derechos humanos a criterios políticos, ideológicos y de otras índoles. Se han realizado comparaciones “entre enfermos recluidos” que a juicio de unos y otros deberían aplicársele o no medidas de flexibilización, sin ningún argumento sanitario contrastado, riguroso, sin contar con expertos en sanidad penitenciaria ni pericial para ahondar y aportar información veraz y criterios para una salida a este debate y polémica que actualmente parece que está tocando techo. Todo este tratamiento mediático tiene consecuencias lamentables, empaña el respeto al rigor profesional sanitario, a los cuidados médicos y a los derechos humanos, socialmente lleva a la frivolización de enfermedades graves y a reflejar valores sociales impropios de una sociedad avanzada.  La transparencia nada tiene que ver con una sobreexposición pública ni con la transgresión de la intimidad, que además, desvían el foco y no son buenos instrumentos  para denunciar y combatir la arbitrariedad  cuando ésta se produce (si es lo que se pretende denunciar). Resulta paradójico que en plena época de la ley de protección de datos existan estos tratamientos mediáticos y sociales. Parece que la actual sociedad, estimulada con cierta manera poco deontológica de desempeñar el periodismo y que sustenta una gran parte de su entretenimiento en el conocimiento, la verbalización y el juicio de cuestiones privadas de vidas ajenas,  se ha extendido más allá, llegando a empañar el respeto a cuestiones sanitarias y de derechos humanos.
Sería impensable imaginar a los/las profesionales en el ámbito sanitario de nuestra salud pública decidir y polemizar sobre la idoneidad de medidas o tratamientos sanitarios y humanitarios en base a su condición jurídica, de los tipos y naturaleza del delito, en base a criterios o juicios morales,  éticos o de cualquier otra índole, ni escucharles comentar públicamente, con nombre y apellidos, enfermedades y características de pacientes.
De todo este atolladero solo saldremos entendiendo que la salud penitenciaria y pericial son parte fundamental de la salud pública, que no puede estar separada de ella ni ser dependiente de otras administraciones. La medicina penitenciaria y la medicina legal y forense tienen que formar parte de la Sanidad Pública.
Hemos leído con mucho interés cómo la Sociedad Española de Hematología ha realizado una labor sanitaria y pericial ejerciendo de contrapeso de administraciones sanitarias no independientes para defender derechos sanitarios en el caso concreto del ex ministro enfermo y encarcelado. Para que las sociedades médicas científicas y la comunidad sanitaria no quedemos empañadas en este maremágnum de arbitrariedad, sobreexposición, juicios no sanitarios, discriminaciones, falta de independencia y descrédito profesional, nos toca demostrar que los criterios aplicables por enfermedad los defendemos por igual a todos las personas enfermas recluidas, nos toca vencer la arbitrariedad en el ámbito de la salud y la dignidad humana, nos toca comprometernos con la  independencia profesional y de calidad hasta que la sanidad penitenciaria y pericial formen parte de nuestro sistema público de salud. Porque la independencia profesional y la formación en derechos humanos es la que otorga credibilidad, rigor, respeto y confianza a la población; es más difícil manipularla por los vientos ideológicos-políticos del momento; ya que gravita en su propio eje sanitario técnico objetivo y de igualdad. Es la única receta contra la desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad o el descrédito profesional. Es la que nos convierte a los/las médicos/as en garantes de derechos humanos y no en avalistas, cómplices o colaboradores de sus vulneraciones.
El Comité para la Prevención de la Tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes del Consejo de Europa  en su informe del 2011, considera que una inadecuada asistencia sanitaria en centros penitenciarios puede conducir rápidamente a situaciones que se consideran tratos inhumanos y degradantes. En este mes de febrero que escribimos esta reflexión, el Ararteko realiza una campaña a favor de la dignidad en la enfermedad; se trata precisamente de eso, de la dignidad humana en una situación de gran vulnerabilidad como es una enfermedad grave. Quienes conocemos, convivimos y asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables, con discapacidades, con el riesgo y el miedo a un fallecimiento precipitado, tenemos la certeza de que la reclusión en un centro penitenciario y la negación del acompañamiento libre de restricciones de sus allegados/as y de actividades que agregan dignidad humana a estos procesos vitales, así como los propios fallecimientos previsibles en prisión, han de adquirir la categoría de trato inhumano y degradante.
No existen en medicina herramientas pronósticas fehacientes para determinar el pronóstico temporal, pero sí existen herramientas para elaborar protocolos, baremos y documentos de consenso para clasificar enfermedades avanzadas graves e incurables . Criterios que sean acordes con las declaraciones de DDHH, la ONU, la OMS, Consejo de Europa, reglas penitenciarias europeas etc. Estamos convencidos/as además, que en este camino nos encontraremos con quienes trabajan para construir un sistema penal, más garantista, de mayor eficacia rehabilitadora y preventiva que la actual.
Desde Osabideak nos hemos encomendado el empeño de aunar a profesionales sanitarios/as y juristas para apelar a nuestras sociedades científicas, legales y organismos de derechos humanos en esta tarea, estamos inmersos/as en la tarea de protocolizar y elaborar consensos, y queremos hacer un llamamiento a las sociedades médicas, jurídicas y de derechos humanos para que nos acompañen a impulsar este camino y a los profesionales médicos y juristas a ponerse en contacto con nuestra asociación para elaborar la red que necesitamos tejer para impulsar, difundir y aportar estos cambios.

15 ene 2020

VII MARXA DES TORXES CONTRA LA PRESÓ DE PONENT

(tomado del colectivo  anticarcelario Grup de Suport a Presxs de Lleida);
Empezaremos a las 16’00h con una mesa redonda sobre desatención sanitaria en las prisiones. Participaran Gonzalo Tejerina Lobo (médico del colectivo Solidarios de la Sanidad), Colectivo Anticarcelario “Fuig” (Barcelona), y Noa Prieto Molina (ex presa).
A las 19’00 se iniciará la manifestación, con salida desde Plaza Europa. Trae cosas para hacer ruido para que lxs presxs nos oigan!

Y al finalizar la marcha habrá actuación de Titeres desde Abajo, cena vegana y concierto con Lxs Duendes del Parque.

Nos vemos en Lleida el próximo sábado 25 de enero. Fuego a la cárcel!

11 ene 2020


Las Reglas Mínimas Nelson Mandela ,elaboradas por Naciones Unidas y adoptadas así mismo por la WMM(Asamblea Médica Mundial) constituyen un protocolo de salvaguarda de los derechos de la población reclusa, que las Instituciones Penitenciarias de nuestro país  incumplen de manera sistemática,como puede comprobarse simplemente con su lectura

 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf